Proteger o apartar. ¿Algún Psicólogo en la Sala?

En la entrada de hoy nos gustaría proponer un tema de debate. Se trata de la delgada línea entre proteger a alguien y anularlo, hacerlo menos o discriminarlo. Para ello, proponemos un ejemplo basado en una noticia de actualidad.

Recientemente, ha salido a la luz una noticia en la que se señala que las personas con discapacidad sensorial (ceguera y sordera) necesitarán un informe médico que “avale su aptitud” a la hora de contraer matrimonio. Se produciría una reforma en el Código Civil Español, quedando redactado de la siguiente manera:

El artículo 56 queda redactado del siguiente modo:

«Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código.

Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.»

(Fuente: Noticias Jurídicas).

En principio, puede que esta reforma nos parezca oportuna, ya que así amparamos y protegemos a las personas con discapacidad de posibles engaños o matrimonios forzosos. Pero, ¿es realmente así? ¿No sería ésta una norma que, aunque bienintencionada, pueda hacer daño enviando un mensaje implícito tóxico?

En opinión de una servidora, al redactarlo de este modo estamos enviando el mensaje siguiente: “Las personas con diversidad funcional no pueden valerse por sí mismas, y necesitamos protegerlos de los posibles males que puedan acontecerles. Debemos velar para que no se aprovechen de ellos, pues ellos no podrán defenderse”.

A mi modo de ver, ésta es una visión extremadamente limitante de la discapacidad, asumiendo además que todas las personas con discapacidad tendrán problemas para comprender qué es el matrimonio y poder tomar decisiones al respecto. Además, no debemos obviar el hehco de que las mayores barreras que tiene que superar cualquier persona en su vida son las autoimpuestas, y enviando este tipo de mensajes hacemos que asuman como cierto que son otros los que deben velar por ellos, haciendo que todos los movimientos centrados en el empoderamiento pierdan efecto.

No quiero decir con esto que la medida no sea eficaz o que no sea necesaria en algunos casos, pero me parece que va en contra de todos los movimientos que luchan por la no discriminación. ¿Por qué no pedir un informe médico que descarte dificultades en la comprensión de conceptos abstractos a todas las personas que deseen contraer matrimonio? Haciendo una diferenciación estamos ensanchando la brecha que ya existe entre las personas con discapacidad y la integración plena en la sociedad.

Esta entrada sólo pretende reflexionar sobre las implicaciones de la anteriormente mencionada reforma, no pretende sacar conclusiones de ningún tipo, puesto que se trata de un artículo de opinión. Lo que sí pretende es incitar al lector a la reflexión, abriendo un debate necesario:

¿Hasta qué punto se puede proteger a alguien sin perjudicarle de algún modo? ¿Habría alguna manera de amparar a ciertos sectores de población sin incurrir en medidas que puedan discriminarlos de algún modo?

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